Sólo los partidos políticos y los candidatos están facultados para promover un juicio de inconformidad, aunque los candidatos pueden hacerlo exclusivamente cuando la autoridad electoral decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría por motivos de inelegibilidad. En todo caso, las demandas de juicio de inconformidad deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos de los votos de la elección de que se trate. Los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados (y, en su caso, de senadores) deben quedar resueltos a más tardar el 3 de agosto, es decir, poco menos de un mes después de la elección.
Además, la ley contempla el recurso de reconsideración para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales del TEPJF sobre los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores y de las asignaciones que realice el Consejo General del IFE de escaños por el principio de representación proporcional. La resolución de estos recursos es competencia exclusiva de la Sala Superior del TEPJF y, en todo caso, deben ser resueltos a más tardar tres días antes de que se instalen las Cámaras del Congreso de la Unión, esto es, a más tardar el 26 de agosto del año de la elección.
Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no son impugnadas en tiempo y forma se consideran válidas, definitivas e inatacables cuatro días después de que los órganos competentes del IFE concluyen el cómputo respectivo, ya que ese es justamente el lapso del que disponen los partidos políticos para interponer el juicio de inconformidad.
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